¿Cómo mejoramos la eficiencia en la ejecución de Obras por Impuestos?

 

Por Carlos Salazar, Director de Consultoría de negocios de PwC Perú, en colaboración con Jairo Romero, analista de PwC.

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), la brecha de infraestructura básica en el Perú es de 363 mil millones de soles. Si bien cerrarla no es tarea sencilla, se podría avanzar en esa dirección a través de mayores convenios firmados, por ejemplo, bajo las modalidades de inversión en asociaciones público-privadas y obras por impuestos (OxI). Sin embargo, de nada sirve adjudicar el monto, si este no se ejecuta eficientemente.

En el sector privado, algunas empresas designan equipos con poca o nula experiencia previa para gestionar los proyectos de OxI. Personal que no cuenta con una estructura organizacional ad-hoc, ni tampoco con herramientas de gestión definidas para la realización de este tipo de proyectos.

Se necesita establecer un equipo técnico multidisciplinario in-house, con herramientas de gestión definidas, tales como: un manual de procedimientos con flujogramas que conecten el proceso interno de la empresa privada con el proceso público; una matriz de asignación de responsabilidades para evitar duplicidad de esfuerzos designando responsables aprobados, consultados e informados por cada tarea propia del proceso; formatos estándares para llevar controles, entre otros.

Del mismo modo, es clave que el equipo in-house se asesore y delegue tareas en una consultora especializada en OxI, con el fin de reducir la brecha de aprendizaje y agilizar tiempos en la ejecución de proyectos.

Por otro lado, según el reglamento, la empresa privada interesada en realizar un proyecto de este tipo debe seleccionar a otra entidad que se encargue de la ejecución y presentarse junto a esta a la convocatoria. Sin embargo, este proceso se dificulta, en muchos casos, debido a que las empresas ejecutoras no tienen la capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto, no cuentan con una estructura organizacional para responder ante cualquier cambio o imprevisto, o porque tercerizan el desarrollo de expedientes técnicos sin supervisión directa, entre otras razones.

Un primer paso para resolver este problema es armar una lista de empresas ejecutoras que hayan trabajado en proyectos de OxI, para tener una base de referencia de donde seleccionar a las más idóneas. Esta lista debe incluir campos como regiones de alcance, capacidad financiera y técnica, plazos de ejecución, experiencia con la tecnología Building Information Modeling (BIM), análisis de riesgos, etc.

A las dificultades antes mencionadas se suma el tiempo que le toma al Estado contratar a la Entidad Privada Supervisora (EPS). Según cifras de ProInversión, el 36% de procesos para la selección de EPS han sido desiertos, mientras que el 4% de procesos ha sido suspendidos. Es decir, cuatro de cada diez convocatorias no se concretan, lo que implica un alto costo para las partes involucradas. Ante este escenario, es indispensable que el sector público revise los actuales procesos de convocatoria, con el objetivo de agilizar los tiempos en la contratación de las EPS y establecer una base de datos a través de una entidad pública donde se muestre como referencia a las EPS que han llevado a cabo un trabajo competitivo.

La última modificación al reglamento (Decreto Supremo N° 212-2018-EF) definió los gastos generales en los literales a y b. Los primeros se refieren a los gastos indirectos en los que incurre la empresa privada (GIEP), mientras que los últimos se refieren a los gastos indirectos en los que incurre la empresa ejecutora (GIEE).

Con respecto a los GIEE, estos forman parte del costo del estudio definitivo de inversión (EDI) y siempre han sido devueltos a través del pago del CIPRL/CIPGN. No obstante, en el caso de los GIEP nos encontramos ante un nuevo concepto en el reglamento, el cual podría implicar, por ejemplo, lo siguiente: salarios del equipo interno de OxI; salario del equipo contable dedicado a realizar los trámites para adquirir y renovar la carta fianza, solicitar y tramitar los CIPRL/CIPGN respectivos; gastos para postular en las convocatorias o para seleccionar a la empresa ejecutora, etc. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas deja a libre albedrío y acuerdo entre las partes la inclusión de estos conceptos.

Así pues, según cifras de ProInversión, luego de la definición de los GIEP, hubo 58 proyectos adjudicados (al 08 de enero de 2020), de los cuales ninguno incluyó en el convenio la devolución en CIPRL/CIPGN. Esta cifra se debe, en parte, a que no existe ningún artículo del reglamento que especifique cómo llevar a cabo este procedimiento, ni se tiene incluido dentro de las bases estandarizadas; por lo que resulta necesario que se defina los criterios para que la empresa privada pueda solicitar la devolución de los GIEP.

A partir de las problemáticas existentes, y considerando la debilitada coyuntura en la ejecución de la inversión pública, resulta crítico generar las condiciones para que los proyectos OxI consoliden su tendencia de crecimiento y evitar su estancamiento. En ese sentido, algunas empresas del sector privado están haciendo esfuerzos en esa línea; sin embargo, el sector público no da las mismas señales. Es clave tomar la iniciativa y realizar los esfuerzos necesarios, con el objetivo de fortalecer la inversión pública en el Perú.

 

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