Economía colaborativa: ¿cuál es la situación tributaria de las plataformas digitales en el Perú?

 

Las compañías se encuentran en una búsqueda constante de formas innovadoras de satisfacer las demandas de sus consumidores o clientes. Actualmente, la tecnología facilita que nuevos negocios compitan con modelos tradicionales y ofrezcan alternativas eficientes a menor precio. Esta realidad impulsa a las empresas a crear soluciones para mantenerse competitivas y, al mismo tiempo, exige que la administración tributaria y demás entes reguladores cambien su enfoque para poder adaptarse a este nuevo contexto. Carlos Rodríguez Summers, socio de Servicios Tributarios y Legales de PwC Perú comenta los retos que enfrenta el Estado peruano en este nuevo normal.

¿Cómo ha cambiado el mercado por la economía colaborativa?

La economía colaborativa ha inyectado dinamismo a nuestro mercado. Sin embargo, debemos acotar que no se trata de algo nuevo. Se viene implementado a nivel global y en nuestro país desde hace varios años, a través de plataformas o aplicativos digitales que ofrecen una serie de bienes y servicios que ya consumíamos, como el arrendamiento de inmuebles, la venta de autos usados, el alquiler de habitaciones de hoteles o las reservas de restaurantes. Recientemente, la economía colaborativa ha tenido mayor impacto en el país por un aumento de la demanda de servicios específicos como el transporte en taxi o los servicios de delivery, la cual ha sido cubierta por algunas aplicaciones.

En algunos países los negocios tradicionales han hablado de competencia desleal debido a la diferencia en el modo de operar de ambos modelos. ¿Lo consideras así?

Lo que sucede es que las plataformas y aplicativos digitales, al llevar a cabo el negocio a través de estos mecanismos, generan eficiencia financiera, dado que necesitan menos recursos tangibles, infraestructura y recursos humanos. Eso no es competencia desleal. El reto de los negocios tradicionales es encontrar un modelo que les permita alcanzar la eficiencia financiera. En la medida que todos los agentes, tanto aquellos que llevan su modelo de negocio en mecanismos tradicionales como los de plataformas digitales, cumplan con los requerimientos de la ley en forma correcta, paguen impuestos, estén registrados, lleven planillas, registren a sus trabajadores y respeten derechos intelectuales, no debería haber ningún problema.

¿En qué caso podríamos hablar de competencia desleal?

Algunas empresas que todavía llevan a cabo sus operaciones a través de modelos tradicionales señalan que las empresas que utilizan canales más modernos o digitales compiten deslealmente en el mercado, porque sus rendimientos son mayores en la medida que no están cumpliendo con las obligaciones que establece el Estado, al no tener un registro o RUC, porque no pagan impuestos o no tienen planilla. Siempre que se presenten estas condiciones, es decir, que no se cumpla con las regulaciones que el Estado establece, sí podríamos hablar de una competencia desleal, ya que el rendimiento se genera en función de incumplimiento de las normas y, al no tener tantos costos asociados, ofertan sus servicios a un menor precio. En cambio, quien cumple con las regulaciones incurre en costos y sabe que, con un precio más alto, pierde mercado. Eso sí es competencia desleal.

¿Cómo equilibrar el ambiente de negocios a la vez que se genera las condiciones para que las empresas que surgen gracias a la tecnología puedan operar?

Se necesita regular adecuadamente a todos los negocios con requisitos similares, aplicables a todos. Evidentemente, tomando en consideración que hay nuevos modelos de negocio. Establecer requisitos para estos no debe ser una limitante para su implementación y desarrollo en el Perú. En la medida que estos agentes cumplan con todos los requisitos y sigan generando eficiencia financiera que les permita ofrecer mejores servicios a mejores precios para el consumidor, no hay competencia desleal.

En ese sentido, ¿cuál es la situación tributaria de las empresas que ofrecen estos servicios?

Hay que ser especialmente cuidadosos porque generalizar puede llevarnos al error. Muchas de estas empresas vienen pagando impuestos en el Perú desde que iniciaron sus operaciones; y aquí estoy hablando, principalmente, de aquellas que tienen una presencia legal en el país, a través de entidades o sucursales. El foco debería estar en aquellas que no están tributando actualmente, no necesariamente porque no quieran, sino porque, en la mayoría de los casos, hablamos de corporaciones muy grandes que, si bien generalmente cumplen con sus obligaciones en casi todas las jurisdicciones, al no estar domiciliadas en el país encuentran un escenario distinto. Nuestra regulación no es clara y esto impide que la administración tributaria perciba el impuesto de aquellas empresas que no tienen presencia en el Perú. Debemos establecer reglas y mecanismos claros para facilitar que la administración tributaria recolecte impuestos y fiscalice, y que las empresas cumplan con sus obligaciones en forma oportuna.

¿Qué retos representa para la Sunat la creación de este nuevo marco para percibir impuestos por servicios “digitales”?

La administración tributaria tiene hoy dos retos. El primero es involucrarse en los negocios para conocer los agentes y roles que intervienen en aquellos modelos de negocio que actúan a través de economías colaborativas o plataformas digitales. En función de ese conocimiento profundo podrán implementar regulaciones y requisitos para que los operadores de plataformas o aplicativos digitales puedan cumplir con sus obligaciones. Si la administración tributaria no conoce bien el negocio, cualquier regulación que implemente va a ser incierta y no va a generar estabilidad ni seguridad. Conocer el rol de cada uno de los agentes que intervienen en el negocio permitirá saber cuál es el ingreso y obligación tributaria sobre la cual deben pagarse los impuestos.

El segundo gran reto es aplicar mecanismos de control eficientes y razonables. Sin embargo, este no es válido exclusivamente para la administración tributaria, sino para cualquier regulador o autoridad. Hablamos mucho de la informalidad laboral de los servidores de aplicativos digitales. Esto también es un gran reto para el Estado. Se debe regular de forma correcta y oportuna esta situación informal e inadecuada. El registro de estos servidores es necesario. En general, el reto es establecer mecanismos de control adecuados desde todo punto de vista.

¿Cuál es la principal preocupación de quienes deciden invertir en este tipo de negocio?

La principal preocupación de los inversionistas es la seguridad jurídica. Ellos están muy preocupados por la claridad, estabilidad y transparencia de las reglas de juego. En la medida que estas reglas se cumplan, el inversionista estará dispuesto a poner dinero, hacer negocio y generar trabajo en el Perú. Si no existen estos elementos, el inversionista se mostrará temeroso de invertir en nuestro país, porque podría perder su inversión en cualquier momento o no tener el retorno adecuado. Las reglas de juego cambian constantemente y eso sin duda afecta los negocios, porque el inversionista extranjero busca predictibilidad.