Intercambio automático de información financiera – Reporte ECR a la SUNAT

Por Roberto Polo, Socio de Servicios Tributarios y Legales, PwC

El contexto internacional actual apunta hacia la transparencia de la información como medida para combatir el fraude y la elusión en el ámbito tributario. Una herramienta sustancial para dicho propósito es el intercambio de la información financiera de los contribuyentes.

Tanto la transparencia como el intercambio de información no han sido conceptos fáciles de asimilar en sistemas jurídicos que privilegian instituciones como el secreto bancario y la reserva bursátil, concebidos como estandartes de los mercados de capitales, tal como sucede en nuestro país.

Pese a esto, el Perú se ha sumado a la referida tendencia. En 2017, vimos cómo se introdujo el régimen de “amnistía tributaria”, con el fin de que los contribuyentes sinceren sus cuentas y rentas extranjeras. Al año siguiente, el estado peruano ratificó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMMF o la Convención)[1].

Según la Convención, dicha asistencia incluye el intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultaneas y participación en auditorías en el extranjero; la asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y la notificación o traslado de documentos.

En el documento de la OCDE denominado “Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras” se indica que, mediante esta iniciativa, se insta a las jurisdicciones a obtener información sobre sus instituciones financieras y a intercambiar automáticamente esta información con otras jurisdicciones anualmente.

El Estándar Común de Reporte (ECR), contenido en dicho documento, define el tipo de información financiera que se debe intercambiar, las instituciones financieras llamadas a transmitir dicha información, los distintos tipos de cuentas, los contribuyentes implicados, así como los procedimientos de diligencia común razonables que las instituciones financieras deben seguir.

Ratificada la Convención en 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (Decreto Supremo N° 256-2018-EF o el Reglamento).

Bajo dicho marco, en 2019 la SUNAT aprobó las normas para la presentación de la declaración de la información financiera para el intercambio automático de información, más conocido como el “Reporte ECR”.

En consecuencia, todas las instituciones financieras incluidas en el ámbito de la CAAMMF y el Reglamento –lo que incluye a institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguros específica– tienen la obligación de enviar a la SUNAT el Reporte ECR que contiene la información de las denominadas cuentas de inversión “reportables”.

Como será la primera vez que se cumplirá con este reporte, se ha establecido la obligación de enviar información respecto de cuentas con saldos al 2018 y las de 2019, siendo que el plazo establecido vencerá los días 23 y 24 de julio de acuerdo con el último dígito del RUC de la entidad reportante[2].

En términos “sencillos”, el examen que debe efectuarse para cumplir con dicha obligación es el siguiente: (i) Calificación como entidad financiera sujeta a reportar; (ii) Calificación de las cuentas como reportables; y, (iii) calificación de los clientes como sujetos reportables. Noten que el término “sencillo” va entre comillas, toda vez que para realizar esta evaluación debe tomarse especial atención a las definiciones plasmadas en el Reglamento que, desde nuestra opinión, tienen un grado de complejidad particular y no resultan fácilmente extrapolables a nuestro medio local.

Sobre lo anterior, principalmente los puntos (ii) y (iii) deben quedar comprendidos en el procedimiento de debida diligencia que establece el Reglamento para lo cual debe atenderse también a si las cuentas califican como de “alto valor” o “bajo valor” (según superen o no el millón de dólares americanos) por los periodos 2018 y 2019.


[1] https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ESP-Amended-Convention.pdf

[2] Este nuevo plazo fue establecido a causa de la pandemia, mediante la RS 082-2020-SUNAT.

Acerca del autor

Roberto Polo


Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un postgrado en Tributación Internacional por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estudios de contabilidad en ESAN. Miembro del Colegio de Abogados del Callao, de la Asociación Fiscal Internacional – Grupo Peruano y del Instituto Peruano de Derecho Tributario.

Socio del área de Servicios Legales y Tributarios de PwC y cuenta con
experiencia brindando servicios de consultoría y asesoría tributaria a importantes empresas nacionales e internacionales, principalmente bancarias y financieras, en el tratamiento fiscal de operaciones financieras y vehículos de inversión, en procesos de fiscalización tributaria y en procesos contenciosos, entre otras actividades.

Actualmente es profesor de Impuesto a la Renta en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

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