La deducción tributaria de los gastos empresariales en tiempos del COVID-19

Esta pandemia ha generado una realidad que solo habíamos imaginado al ver una película. Las empresas han enfrentado una situación no pensada y han debido reestructurar sus planes y presupuestos. Hoy tienen que incurrir en diversos gastos y seguirán haciéndolo para mantener el negocio y proteger a sus empleados. Algunos gastos surgen porque la ley los impone y otros porque se consideran necesarios.

Como sabemos, para propósitos del Impuesto a la Renta (IR), las empresas determinan su utilidad gravada deduciendo sus costos y gastos. Sobre esto último, el artículo 37 de la Ley del IR prevé que, para establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida; es lo que se conoce como el “principio de causalidad”.

Dicho principio no exige relación directa entre el desembolso realizado y la generación de renta gravada y, por tanto, no solo comprende a los gastos imprescindibles. Al contrario, únicamente hace referencia a un criterio de vinculación, es decir, bastará con que guarde relación con la generación de la renta o con su mantenimiento, ya sea de forma directa o indirecta, salvo que se trate de alguno de los gastos cuya deducibilidad está expresamente prohibida o limitada por ley y, claro está, deberán sustentarse en el comprobante de pago correspondiente.

Como anotamos, con ocasión del COVID-19, las empresas vienen realizando gastos diversos: mascarillas, desinfectantes, equipos de protección de la salud, pruebas médicas, equipos o herramientas informáticas, alquileres de equipos de cómputo y pagos de conexión de internet y telefonía para que los trabajadores realicen sus labores desde casa, asunción del costo de la energía eléctrica, alimentación y servicios de monitoreo médico del personal, transporte de trabajadores, fumigación y desinfección de locales, seguros, actividades para el bienestar del personal, penalidades en ciertos contratos y desembolsos por responsabilidad social; entre otros.

Estos conceptos parecen incuestionables desde el punto de vista de la causalidad y ojalá que en unos años, al ser fiscalizados por la autoridad tributaria, no se omita el contexto en que se efectuaron. Se sabe que la Sunat suele ser bastante restrictiva con el análisis de los gastos empresariales, pero desde ya la razonabilidad debería primar.

En adición a lo dicho, hay que tener presente que la Sunat comúnmente exige acreditar que el gasto se haya realizado, es decir, que sea fehaciente. Esperemos que, en su momento, la autoridad tributaria tenga un buen juicio y conciencia de las limitaciones que las empresas enfrentaron cada día. Sin embargo, será saludable prevenir, por lo que las empresas deberán ser cautelosas en sus procedimientos. Por ejemplo, implementar un sistema que acredite la entrega/recepción de equipos de protección de la salud, políticas y protocolos, requerimientos del personal para la asignación de ciertos bienes, entre otros. Claro está que hoy en día una forma válida para acreditar serán las comunicaciones virtuales y la autoridad fiscal no podrá negarse a aceptar dichos mecanismos como prueba válida, de manera contraria a lo que hasta hoy viene haciendo.

Nótese que algunos montos o bienes entregados al trabajador son para que realice su labor, por lo que no representan una ventaja o beneficio patrimonial para sí. En ese sentido, tienen la condición de trabajo, son deducibles para la empresa y no constituirán renta para el trabajador. Es el caso, por ejemplo, de los trajes de protección, de ciertos alimentos o la movilidad que se les brinde.

Desde el lado del Impuesto General a las Ventas (IGV), tales adquisiciones serán deducibles como crédito fiscal. Por otro lado, si bien nuestra legislación considera que cuando una empresa auto consume sus productos se trata de una venta; en los casos que ello ocurra para realizar sus operaciones gravadas o porque son condición de trabajo, no será tal. Muchos otros temas surgen con ocasión de los gastos o costos que las empresas vienen asumiendo en estos tiempos de pandemia y habrá que estar atentos sobre el impacto fiscal que puedan tener las actuaciones y decisiones que se adopten con el objetivo de no tener una contingencia.

Acerca del autor

Lourdes Chau

Abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con MBA por la Universidad del Pacífico, Postgrado en Tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en Tributación Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional – Grupo Peruano.

Cuenta con amplia experiencia en el ámbito de los procedimientos de fiscalización como de reclamación en las administraciones tributarias y apelación en el Tribunal Fiscal, institución donde desempeñó el cargo de vocal. Es docente a nivel de postgrado de las Universidades ESAN, CENTRUM y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuenta con diversas publicaciones efectuadas en revistas nacionales e internacionales. Es expositora recurrente en el Programa de Capacitación Profesional de PwC.

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