Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben perder el miedo a la regulación

 

Por Carlos Fernández Gates, director de Servicios Legales y Tributarios, y Sarah Arbieto, gerente de Auditoría de PwC

Migrar de un modelo de supervisión sin facultad sancionadora hacia un esquema de supervisión especializado a cargo del Estado, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), puede no parecer del todo alentador para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) en el Perú. Sin duda, la incertidumbre respecto a este proceso de adecuación y la rigurosidad de las normas venideras, representa un reto para ellas, en la medida que deberán recorrer un camino aún desconocido.

Hoy en día, según datos de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), de un total de 128 Coopac bajo su supervisión, el mercado cooperativo al 30 de septiembre de 2018 -con S/. 13 100 millones-, representa el 3% del total de activos del sistema financiero peruano. Asimismo, 1.2 millones de personas mantiene sus ahorros en cooperativas, lo cual representa una inversión de S/. 9 650 millones.

Por otro lado, según la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), existen 672 Coopac en el mercado peruano, de las cuales solo el 19% se encuentra parcialmente supervisado por la Fenacrep. Estas cifras hacen evidente que el cambio de escenario respecto al futuro de las Coopac era necesario.

La SBS es la entidad a cargo de regular y supervisar el sistema financiero, de seguros y AFP, así como prevenir las prácticas de lavado de activos, y quien, desde el 1 de enero de 2019, incorpora como parte de su ámbito de acción a las Coopac. Si bien los beneficios para los socios son evidentes, ya que se busca evitar que estos se encuentren en una situación de desprotección –ya que solo algunas Coopac cuentan con un fondo que proteja sus ahorros- se debe entender que las ventajas de una mejor supervisión se extienden a cada cooperativa que resulte bajo el ámbito de acción de la SBS.

En este nuevo escenario, las Coopac se fortalecen notablemente y convierten a uno de los vehículos de cooperación e inclusión financiera más antiguos de Latinoamérica, en un organismo sólido y libre de sospechas sobre la legalidad de sus fondos. Asimismo, esto permitirá afianzar las prácticas de Buen Gobierno Corporativo y convertirlas en un indicador clave de la buena gestión empresarial, haciendo a las cooperativas más transparentes, sin restar los aspectos propios de los valores de este tipo de sistema, como la ayuda mutua. Esto motivará, a su vez, que el mercado financiero gane una mayor confianza en ellas y se aproveche su potencial económico y social, en un país que requiere que la inclusión financiera siga creciendo.

De esta forma, la nueva regulación establece la creación de reglas transparentes para el nombramiento de los miembros de comités y gerencia, definiéndose los cargos titulares y suplentes, periodos de renovación, así como los derechos y obligaciones para cada miembro. En este punto, siguiendo con la tendencia actual, se busca que los cargos directivos y de gerencia tengan responsabilidad personal e indelegable, lo que impide que una persona jurídica ejerza dicha posición. Asimismo, se pactan reglas específicas para el pago de dietas y gastos de representación a los directivos, limitando así el gasto en supuestos determinados, con el fin de reducir los riesgos de uso de los fondos que atenten contra el objeto de la Coopac y principalmente, contra sus socios.

Sin lugar a duda, estos cambios representan un largo camino por recorrer para las cooperativas, especialmente en términos legales, cumplimiento normativo, gestión de riesgos, adecuación de procesos a las nuevas normas y transformación del capital humano; por lo que deberán estar atentas a estos aspectos, a fin de darles una respuesta adecuada en el tiempo. Sin embargo, frente a un mercado que ha recibido críticas por su falta de regulación, resulta necesaria su adecuación para fortalecer los esquemas de control y cumplimiento, y evitar así el cuestionamiento al origen o financiamiento de sus actividades.

 

Acerca de los autores

Carlos Fernández Gates

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Buckingham, Inglaterra, graduado con mérito, teniendo a su vez un curso de especialización en “Corporate Law and High Court Training Qualification” por la Solicitors and Assistance Law School. Cuenta con años de experiencia brindando asesoría en temas corporativos de inversión extranjera. En cuanto a su experiencia internacional, ha trabajado en la ciudad de Londres desarrollando temas de derecho societario y laboral en operaciones relacionadas a Latinoamérica.

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Sarah Arbieto 

Contadora Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 8 años de experiencia en la ejecución de trabajos de auditoría financiera de empresas que se desarrollan principalmente en los sectores de banca, fondos de inversión y seguros. Especialista en normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en relación a normativa contable, y control interno de acuerdo con los requerimientos de la ley de Sarbanes Oxley (SOX). Responsable de la coordinación de los equipos internacionales a cargo de la ejecución de proyectos de auditoría, consultoria y due dilligence.

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