Minería, energía y recursos: El sistema tributario como medio para impulsar el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad y los criterios ESG

La población mundial continúa creciendo exponencialmente y sin aparentes límites. Esto no necesariamente es algo negativo. El problema, en realidad, está en crecer de esta manera sin contar con una fuente infinita de recursos, porque sin ella, eventualmente, el mundo como lo conocemos podría llegar al colapso.

Para evitarlo, es necesario innovar y actuar rápido, de manera que dicho crecimiento se vuelva sostenible, lo que significa que, a la par con las necesidades de una población cada vez más numerosa, existan recursos disponibles y renovables para soportar este crecimiento. Queda claro entonces que tiene que producirse un cambio.

Los combustibles fósiles han logrado que nuestra civilización se desarrolle exponencialmente; sin embargo, las emisiones de carbono que provoca su explotación intensifican el cambio climático, poniendo en riesgo lo conseguido hasta el momento, así como el futuro de las generaciones venideras. La descarbonización de la economía y la transición energética son claves para reducir dicho riesgo.

Como se muestra en este enlace, https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/green-tax-and-incentives-tracker.html, desde una perspectiva de política fiscal, hay distintos enfoques que pueden ayudar a alcanzar dichos objetivos. Por un lado, a través de impuestos que graven al que contamina, al que usa o explota recursos naturales, o al que consume combustibles fósiles, entre otros (los llamados “impuestos verdes”). Por otro, mediante incentivos tributarios que otorguen beneficios para promover la inversión en proyectos que reduzcan o mitiguen el daño ambiental, ya sea a través del otorgamiento directo de fondos por parte del gobierno, o vía deducciones o créditos tributarios cuando estemos ante inversión privada que se alinee con dicho objetivo.

La transición energética es costosa, pero puede serlo menos si el gobierno se propone otorgar beneficios fiscales a quienes decidan invertir en proyectos que tengan como eje central descarbonizar la economía.

Ese es el caso, por ejemplo, de las plantas de producción de hidrógeno verde. A la fecha, existe un proyecto de ley presentado en octubre de 2022 que, entre otros aspectos, establece un marco de potenciales incentivos en Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas y derechos arancelarios sobre inversiones, bienes, equipos y maquinaria relacionados con la industria del hidrógeno verde.

También podría evaluarse el otorgamiento de incentivos fiscales para los grandes usuarios de energías renovables, y no solo para los inversionistas de este tipo de proyectos. Este podría ser el caso de la industria minera, donde algunos proyectos sumamente relevantes están dejando de utilizar combustibles fósiles para usar energía limpia a fin de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Este sector también podría verse beneficiado con mayores deducciones tributarias como resultado del uso de dicho tipo de energía, lo que sin duda haría a ciertos inversionistas más eficientes frente a los competidores que aún no han iniciado o completado la transición hacia el uso de recursos renovables.

En particular, la industria del cobre juega un rol preponderante en la transición energética, pues gracias a sus propiedades, es necesario tanto por el lado de la oferta (producción, captación y almacenamiento de energía), como por el lado de la demanda (vehículos eléctricos). Si social, política y regulatoriamente las condiciones se hacen propicias, Perú podría acercarse más a Chile, país que ocupa el primer puesto en la producción mundial de dicho mineral, acentuando su rol protagónico en la transición al mundo de las energías renovables.

Otro punto central es el agua. El otorgamiento de beneficios fiscales, entre otros, a quienes invierten en plantas de tratamiento de desalinización para convertir agua salada en potable podría transformar la economía e incluso, en un país como el nuestro, disminuir la brecha de desigualdad de los servicios públicos.

Incentivos tributarios específicos, sólidos técnicamente, temporales y estructurados de manera que no solo el inversionista o empresario, sino también la población en general, puedan palpar los beneficios de la referida transición, son parte de un plan que podría conducir a nuestro país al siguiente nivel en términos de crecimiento sostenible y de descarbonización de la economía, pero siempre que exista voluntad política y se cuente con la participación de los stakeholders relevantes. Nadie niega que para su implementación existan retos y aristas complejas que cubrir, pero esta fórmula parece ser el camino correcto que, en lo relativo a política fiscal, deberíamos seguir en aras de asegurar un mejor futuro para las generaciones venideras.      

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